La nueva medida estadounidense entró en vigor en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países. Los productos que cumplan con las disposiciones del tratado conservarán el acceso libre de arancel.

Estados Unidos formalizó un arancel de 10 por ciento para determinadas importaciones procedentes de México, bajo el argumento de que el país no aplica de manera suficientemente efectiva su prohibición contra mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

La medida forma parte de una acción más amplia contra aproximadamente 60 economías y fue establecida mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense de 1974.

Sin embargo, el gravamen no afectará de manera general a todos los productos mexicanos. Las mercancías que acrediten el cumplimiento de las reglas de origen y demás disposiciones del T-MEC conservarán el arancel cero.

México recibe la tasa más baja establecida por Estados Unidos

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dividió a las economías investigadas en dos grupos.

Los países que cuentan con prohibiciones o compromisos relacionados con la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso recibieron una tarifa de 10 por ciento. Las demás economías enfrentarán un gravamen de 12.5 por ciento.

México quedó dentro del primer grupo porque ya dispone de mecanismos para impedir el ingreso de estas mercancías. No obstante, Washington concluyó que su aplicación todavía es insuficiente.

La investigación estadounidense no significa que todas las exportaciones mexicanas afectadas hayan sido fabricadas directamente mediante explotación laboral. La sanción responde a una evaluación general sobre la capacidad del país para bloquear productos de ese tipo dentro de sus cadenas comerciales.

Exportaciones del T-MEC conservarán el arancel cero

La Secretaría de Economía aseguró que alrededor de 85 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos podrá seguir ingresando sin el nuevo gravamen, siempre que cumpla con los requisitos del T-MEC.

El 15 por ciento restante, correspondiente principalmente a mercancías que no utilizan el trato preferencial del acuerdo, estará sujeto a la tarifa de 10 por ciento y a las excepciones establecidas por Washington.

Entre los productos exceptuados se encuentran determinados bienes vinculados con los sectores automotriz, siderúrgico, aluminio, cobre, madera, semiconductores y aviación civil. También se contemplan exclusiones para materiales informativos, equipaje acompañado y donaciones humanitarias.

El arancel sustituye una medida anterior

Para México, la entrada en vigor de la Sección 301 no representa necesariamente un incremento inmediato frente al trato que ya recibían las exportaciones fuera del T-MEC.

La Secretaría de Economía explicó que el nuevo arancel sustituye a la tarifa de 10 por ciento aplicada previamente mediante la Sección 122, cuyo periodo legal concluía el 24 de julio de 2026.

“Uno sustituye al otro”, señaló la dependencia al sostener que, en términos generales, se mantiene el mismo tratamiento arancelario para los productos mexicanos que no cumplen con las condiciones preferenciales del tratado.

El cambio más importante se encuentra en el fundamento legal utilizado por Estados Unidos. La Sección 301 permite responder a prácticas extranjeras que Washington considera injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para su comercio.

Arancel llega durante la revisión del T-MEC

La decisión se anunció mientras funcionarios mexicanos y estadounidenses mantienen conversaciones sobre el futuro del acuerdo comercial de Norteamérica.

Entre el 21 y el 23 de julio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en la Ciudad de México con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Las delegaciones abordaron asuntos relacionados con acero, aluminio, sectores estratégicos, cadenas regionales de suministro y sustitución de importaciones provenientes de Asia. Una nueva ronda de conversaciones está prevista para septiembre.

La administración estadounidense busca endurecer distintas disposiciones comerciales y aumentar la producción dentro de Norteamérica. México, por su parte, pretende conservar la ventaja arancelaria que le ha permitido convertirse en uno de los principales proveedores del mercado estadounidense.

Trabajo forzoso se convierte en una herramienta comercial

Estados Unidos sostiene que la ausencia de controles efectivos permite que algunas empresas extranjeras reduzcan costos mediante prácticas laborales abusivas, lo que genera una competencia desleal para sus trabajadores y productores.

La investigación recibió cerca de 500 comentarios y testimonios de alrededor de 60 participantes antes de que la Oficina del Representante Comercial definiera las tarifas.

Diversos gobiernos han rechazado los señalamientos y cuestionado la evidencia utilizada por Washington. También han advertido que una sanción general contra países completos puede afectar productos y empresas que no mantienen relación alguna con el trabajo forzoso.

La política representa un nuevo intento del Gobierno de Donald Trump por reconstruir su estrategia arancelaria después de que otras medidas fueran debilitadas por resoluciones judiciales.

México conserva una ventaja, pero aumenta la incertidumbre

Aunque los productos cubiertos por el T-MEC mantienen su trato preferencial, el nuevo arancel añade presión a las empresas mexicanas que todavía exportan mediante las reglas generales de comercio.

Para evitar el gravamen, más compañías podrían buscar certificar el origen regional de sus productos y ajustar sus cadenas de suministro a las disposiciones del tratado.

El efecto también dependerá del tipo de mercancía, de las excepciones disponibles y de la capacidad de las empresas para trasladar el aumento a los precios o absorberlo dentro de sus costos.

La decisión no elimina la ventaja comercial de México frente a países que enfrentarán tasas más altas, pero confirma que el acceso al mercado estadounidense estará cada vez más vinculado con el cumplimiento de reglas laborales, de origen y de seguridad económica.

Con información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía.